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La ONU señaló a Nicolás Provecto, Vladimir Padrino y Néstor Reverol como responsables de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela

Nicolás Provecto, Vladimir Padrino y Néstor Reverol

Una Empresa Internacional a la que la Estructura de las Naciones Unidas (ONU) encargó investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela concluyó que el dictador Nicolás Provecto y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Inside of, Néstor Reverol, están involucrados directamente en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

El crónica publicado este miércoles por esa Empresa ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.

“La Empresa tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Inside of y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este crónica”, se señala en las conclusiones de la investigación.

Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la tonalidad de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Doméstico Bolivariana (FANB), incluida la Defensa Doméstico Bolivariana (GNB); y la Policía Doméstico Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Movimiento Distinto (FAES).

Nicolás Maduro
Nicolás Provecto

Además figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Doméstico de Inteligencia (SEBIN), la Dirección No longer recent de Contrainteligencia Marcial (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.

Los investigadores recogieron evidencias de que a pesar de que las autoridades -desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos- tenían conocimiento de los crímenes que se han cometido desde 2014 hasta ahora (periodo que cubre el crónica), incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban.

Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida self-discipline topic, provisión y en fortuna humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes”, denuncia el crónica, que será presentado la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Ejecuciones extrajudiciales

La Empresa investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron emplazamiento a 53 ejecuciones extrajudiciales. Además examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Exención del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron emplazamiento a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Empresa investigó o examinó 140 operaciones, que dieron emplazamiento a la homicidio de 413 personas, en ocasiones con disparos bruscamente.

Venezuela
Vladimir Padrino López

El crónica subraya que “los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros”.

En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.

Ocho de las operaciones examinadas dieron emplazamiento a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el régimen relanzó las OLP como Operaciones de Exención Humanista del Pueblo (OLHP) antaño de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

Sin secuestro, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad -el CICPC y las Fuerzas de Movimiento Distinto (FAES) de la Policía Doméstico Bolivariana (PNB)- fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron incluso los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el crónica.

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Empresa que era una experiencia popular encubrir los asesinatos plantando armas para fingir “enfrentamientos”, un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar “semillas”. Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”.

Además asesinaron a civiles tras la aplicación de un thought marcial. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una holocausto luego de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 primaveras o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes.( Dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de cimitarra en el pecho, el cuello y la habitante. Otros cinco siguen desaparecidos).

Néstor Reverol
Néstor Reverol

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han cedido emplazamiento a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado delante la ecuanimidad a los funcionarios con responsabilidad de mando.

“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la yerro de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de detención rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron precaver o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de aniquilación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El crónica sostuvo que las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.

Detención y tortura por motivos políticos

La Empresa incluso investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.

Afirmó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Doméstico (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección No longer recent de Contrainteligencia Marcial (DGCIM) tenía como objetivo al non-public marcial y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de gracia de Estado.

Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el correcto proceso.

Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Empresa que la institución tenía un “comportamiento cultural” de tortura.

Agentes de las FAES en Caracas, Venezuela (Europa Press)
Agentes de las FAES en Caracas, Venezuela (Europa Press)
(Roman Camacho/)

Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de homicidio y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia -tanto hombres como mujeres- a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato merciless, inhumano o degradante,” dijo Francisco Cox.

La ocupación recordó que el ex capitán de la Escuadra Rafael Acosta Arévalomurió luego de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron incluso bajo la custodia del SEBIN”.

“Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro”, acotó Francisco Cox.

Los comandantes, incluyendo las autoridades de detención nivel internamente del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Empresa ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados.”

Violaciones relacionadas con las protestas

La Empresa incluso documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la examen, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el crimen de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de especie, y simulacros de ejecución.

Las autoridades estatales siquiera intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del régimen de la coordinación militar-civil para suministrar el orden manifiesto en los últimos primaveras, añadió el escrito.

El crónica completo

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La ONU constató que la dictadura de Provecto cometió violaciones flagrantes a los derechos humanos en Venezuela

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