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‘Escándalo en el transporte escolar en Navarra’: Competencia sanciona a 33 empresas por crear un cártel para repartirse los servicios a los colegios



Pamplona-Iruña, 16 de septiembre de 2020

La Comisión Franquista de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a 33 empresas de transporte escolar y una asociación del sector por crear un cártel en el transporte escolar en Navarra.

Según la CNMC, las empresas crearon una trama para repartirse y alabar los concursos del Unidad de Educación de la Comunidad fora desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 1 de diciembre de 2018. El total de las sanciones se eleva a 3,36 millones de euros, a los que hay que sumar 15.000 euros a la asociación que articuló el acuerdo. Adicionalmente, la CNMC ha activado nuevamente el procedimiento para aplicar la prohibición de contratar con la Oficina de las empresas multadas, remitiendo la resolución sancionadora a la Grupo Consultiva de Contratación Pública del Estado.

La CNMC ha explicado en una nota que las empresas habían creado una trama para amañar los concursos públicos que realiza el Unidad de Educación para arrostrar al colegio a alumnos de educación primaria y secundaria obligatoria y hacer posible el prueba del derecho a la educación previsto en el artículo 27 de la Constitución. Respecto a la demanda del servicio de transporte escolar en centros públicos de la Comunidad foral, durante el curso 2019/2020 tiene como destinatarios a un total de 115 colegios y 14.498 alumnos. Las empresas del cártel se repartieron durante ocho primaveras las rutas de su sufragio, estableciendo turnos y compensaciones para reforzar carga de trabajo y precios.

La existencia de la trama ha quedado reflejada, al menos, en la concurso para el curso escolar 2013/2014 y sus prórrogas y en la concurso para el curso escolar 2017/2018, según la CNMC.

“La investigación ha revelado un comportamiento coordinado, de modo que cuando una de las empresas se ha presentado a un lote, ninguna otra de las partícipes en el acuerdo lo han hecho, a pesar de tener solvencia técnica para hacerlo. De no existir acuerdo entre las empresas y las UTE, las empresas habrían presentado ofertas a los mismos lotes para tener más posibilidades de obtener algún contrato y habrían competido en precio y condiciones, lo que en última instancia habría producido un beneficio para el consumidor closing”, ha explicado la CNMC.

El expediente se inició tras la puesta en conocimiento por la Intervención Overall de la Comunidad foral de Navarra al Servicio de Consumo, Arbitraje y Defensa de la Competencia de la posible existencia de prácticas prohibidas por la ley 15/2007, de defensa de la competencia, siendo la autoridad autonómica la competente para instruir el expediente por razón el ámbito geográfico de la conducta, como concluyó la CNMC durante el trámite de asignación de competencias.

La CNMC considera acreditada la existencia de una infracción muy profundo del artículo 1 de la ley de Defensa de la Competencia 15/2007.

La Comisión Franquista de los Mercados y la Competencia ha señalado que de toda infracción de falseamiento de la competencia se deriva la prohibición de contratar con la Oficina, en aplicación de la reglamento de contratos públicos. No obstante, la duración y el talento de dicha prohibición habrá de ser fijado por la Grupo Consultiva de Contratación Pública del Estado.

La CNMC considera “prioritaria” la lucha contra los carteles y recuerda que para su detección cuenta con el Software de Clemencia, mediante el que la empresa y/o el directivo que haya participado en un cártel puede aportar información sobre el mismo, escrita o verbalmente en la sede de la CNMC a cambio de la exención total (o a una reducción) de la multa que le correspondería.

Asimismo, la CNMC dispone de un Ranura de Colaboración donde los operadores o personas físicas pueden allanar información a la autoridad de competencia sobre este tipo de infracciones muy graves.

La CNMC ha precisado adicionalmente que contra esta resolución no cerca de memorial alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse memorial contencioso-administrativo en la Audiencia Franquista en el plazo de dos meses a contar desde el día ulterior al de su notificación.

Europa Press



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