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Disponen la disolución de Re/Max: su crimson en Córdoba y el impacto de la medida

En un capítulo más de la disputa entre los colegios profesionales de corredores y la marca de franquicias inmobiliarias Re/Max, los primeros lograron una resolución oficial que afirma como válidos todos sus cuestionamientos. 

La Inspección Fashioned de Honradez (IGJ), el organismo que regula la actividad de las sociedades comerciales constituidas en la Ciudad de Buenos Aires, determinó que la crimson de Re/Max es ilícita y ordenó la disolución y cómputo de la empresa que tiene 131 oficinas en 42 ciudades del país, incluida Córdoba.

Aquí, Re/Max suma siete franquicias localizadas en Córdoba Caudal que, según la información válido en el sitio web de la crimson, incluyen al menos 176 trabajadores.

La resolución fue firmada por el titular del organismo, Ricardo Nissen, haciendo circunscripción a una denuncia que el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) y su presidente, Armando Pepe, habían iniciado contra Remax Argentina S.R.L., la empresa que tiene el uso de la marca estadounidense Re/Max en el país.

La IGJ determinó que la compañía ya no podrá negociar, debiendo ahora iniciarse el proceso contencioso de “disolución y liquidación” en el entorno de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la ley 19.550 de sociedades comerciales.

Letrados explicaron que correcto a que la resolución inicia el citado proceso delante la Honradez (es ella la que debe realizar la disolución), su intención no resulta inmediato. A su vez, Re/Max tiene la posibilidad de interponer las distintas objeciones previstas en las instancias de ese proceso; y para algunos hasta existe posibilidad de que objete ayer por vía administrativa la medida de la IGJ.

Qué dice la IGJ 

Para tomar la atrevimiento, la IGJ señala que Remax Argentina S.R.L. se constituyó para tener la franquicia main de Re/Max General y, a partir de allí, subfranquiciarla a agentes y corredores inmobiliarios. 

Luego, “ejerce indirectamente el corretaje inmobiliario eludiendo la estatuto native, que establece imperativamente requisitos para esa actividad y se beneficia a través de Remax Argentina S.R.L., participando de las comisiones de las operaciones inmobiliarias intermediadas por los numerosos sub franquiciados, más allá de que esas participaciones pudieran aparecer ficticiamente calificadas como regalías o concepto identical, contributivo del uso de la marca ‘Remax'”.

Y agrega: “La expresión de la marca ‘Remax’ por parte de esas subfranquiciadas genera en ayuda de estas la falsa apariencia de pertenecer a un asociación crematístico, lo que las beneficia con inferior en una publicidad engañosa, que, a su vez, beneficia a la franquiciante, permitiéndole participar indirectamente de una operatoria que no podría realizar por sí misma, en forma directa”.

La resolución todavía determina que los constituyentes Remax Argentina S.R.L (Sebastián Sosa, titular de la crimson y su esposa) no son agentes inmobiliarios, ni el objeto de la firma es practicar esa actividad.

Siguen operando

La Voz intentó consultar en precisión a los responsables de Re/Max, pero la empresa acotó su respuesta a un comunicado.

En él, asegura que las oficinas “seguirán prestando servicio a sus clientes” tal cual lo han hecho hasta ahora. “Rechazamos enfáticamente el contenido de la denuncia de Cucicba frente a la IGJ, la misma es infundada y no implica el cese ni suspensión de la actividad de Re/Max”, precisó la firma. 

Y agregó: “Esta acción (…) es una más de las tantas embestidas de los cuerpos colegiados contra una marca que desarrolla su negocio legítimamente hace más de 15 años, promoviendo el crecimiento y evolución del mercado, conformando así la crimson inmobiliaria con mayor presencia de corredores y martilleros matriculados”. 

“Este accionar –continúa el comunicado– evidencia la clara intencionalidad de los colegios, que sin importar el contexto de pandemia en el cual nos encontramos, buscan afectar la fuente de ingresos de más de 5000 familias vinculadas con esta crimson de inmobiliarias presente en todo el país”. 

Según el sitio web doméstico de Re/Max (Sosa aseguró semanas a espaldas que es el de maduro visitas de usuarios en el rubro inmobiliario en el país); su cartera incluye 931 propiedades publicadas en Córdoba. Y los citados 176 agentes enrolados en siete sucursales.

Corredores de Córdoba

Virginia Manzotti, presidenta del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI) celebró la novedad como un gran logro internamente de un proceso de larga files: “Estamos muy contentos y creemos que tendrá un gran impacto, incluso como antecedente en otros países de la región. El corretaje inmobiliario es una actividad profesional y no mercantil, no puede franquiciarse. Todas las provincias venimos luchando con distintas acciones contra esta actividad ilegal de forma permanente”.

Manzotti es todavía directiva del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (Cofeci), organismo en el que comparte triunvirato con la entidad porteña promotora de la denuncia. 

Según explicó, el CPI viene realizando de modo native diferentes acciones de fiscalización contra Re/Max. Por una parte, el Tribunal de Conducta suspendió matrículas de los profesiones titulares de las franquicias, y fiscalizó a los agentes que trabajan para ellos, personas que, asegura, no cuentan con matrícula profesional. 

“En noviembre pasado llevábamos fiscalizadas 70 personas trabajando bajo esta modalidad. Las denunciamos judicialmente por publicitar actividades de corretaje inmobiliario cuando ellos no cuentan con matrícula”,  señaló Mariano Briña, abogado del CPI. 

El cultivado precisó que de cinco suspensiones de matrícula una fue objetada en la Honradez provincial, y está en proceso. Del mismo modo, están en trámite causas de agentes que rechazaron la denuncia del CPI y continúan trabajando. 

Briña repasó algunos de los argumentos que acogió la resolución contra Re/Max. “La SRL no cumple los requisitos para funcionar en el país por distintos motivos. Uno de ellos es que la actividad profesional no puede ser objeto del contrato de franquicia. Sí un producto, por ejemplo, pero no una actividad profesional”. 

“Cada franquicia funciona con una gran cantidad de agentes que hacen corretaje bajo el ‘paraguas’ de un profesional. Los agentes, que se desempeñan como monotributistas, se presentan al público como corredores y hacen labores de tales, algo ilícito al no ser matriculados. Es muy diferente al rol del empleado de una inmobiliaria, que sólo cumple tareas administrativas y de apoyo al profesional matriculado”, explicó. 

Bajo estos argumento el CPI y el resto de los colegios rechazan el maniquí de franquicias que desarrollan varias marcas internacionales; de las cuales Re/Max es la de maduro escalera. 

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